Carlos Martínez-Cava. El tipo de Estado determina el bienestar de un Pueblo. Y la elección de una forma u otra ni es baladí ni es accidental. En el caso de España, la determinación y paso de un Estado Unitario centralizado a otro compuesto de 17 autonomías sin techos competenciales ha producido efectos muy concretos en la economía de las personas y, por tanto, del Bien Común que se ha de perseguir.
En el habitual discurso hipereconomicista pocos son los que consideran que haya otras causas del declive español como Nación, que las estrictamente derivadas de flujos de ingresos, gastos, tipos de interés y transacciones. Lo cierto es que España se encuentra encorsetada por la convergencia de tres fuerzas, aparentemente opuestas pero que caminan por el mismo sendero: la “España como nación de naciones” del PSOE y el resto de izquierdas; el romanticismo decimonónico de los nacionalistas y el reflejo de una derecha liberal con enorme poder caciquil y territorial. Sin que ninguno de ellos renuncie a su objetivo y sin que ninguno de los tres pueda hacer nada sin la interdependencia del resto.
Los niveles de deuda alcanzados por el Estado español y sus diecisiete comunidades autónomas someterán a una generación entera a su liquidación.
Las causas, no obstante, de esa deuda y de la pobreza en la que mas de seis millones de desempleados y nueve millones de pobres sufren a diario, no yacen en las personas, sino en políticas que llevaron los niveles de competitividad a zonas de depresión; a que, desde 1979, el crecimiento industrial se estancara; a que la productividad esté anulada con un 25 % de la población sin trabajo activo y que, de ello, el 50 % pertenezca al sector juvenil que no encuentra salida alguna a sus proyectos profesionales y, por ende, familiares.
Poder establecer las bases un renacimiento económico español requeriría de un nuevo Plan de Estabilización –que recordaría al que se tomó en los años 50-, pero ello, ahora mismo, es imposible porque las materias propias de las políticas macroeconómicas y fiscales están transferidas en su mayor parte a la competencia de las comunidades autónomas, lo que imposibilita constitucionalmente que un Presidente del Gobierno (del signo que sea) pueda acometer ese Plan.
Estamos, por tanto, ante un nudo gordiano tejido por los padres constitucionales que ha tenido perversos efectos sobre el bienestar de los españoles.
El renacer de los nacionalismos en Europa en su vertiente regional viene, curiosamente, a reforzar el poder de la globalización económica que uniformiza mercados, pueblos y culturas.
Como dice Vidal Díez Tascon, “La experiencia de doscientos años de economía industrial de mercado demuestra que sin el contrapeso de un Estado democrático unitario o federal fuerte, la codicia de la nueva economía financiera y la avaricia de ese capital son insaciables. Lo que, en simbiosis con esos nacionalismos, se vuelve amenazante”.
Sólo la esperanza de retorno a un Estado-Nación y a una economía industrial de mercado, bajo un nuevo orden regulatorio y dirigidos por los sectores mas conscientes de la ciudadanía, devolvería el bienestar y la Justicia social.
El escenario actual de España transmite una sensación de derrumbe, de economía subvencionada y de escasa producitividad y gran corrupción institucionalizada. Una deuda creciente que, en 2004 era de 337.000 millones de euros y, que en 2009, alcanzaba los 952.000 millones según el Banco de España.
Deuda que no es de los ciudadanos. Deuda que es de las instituciones creadas por las 17 taifas insertadas en el cuerpo de la Nacion española.
Deuda que nace de decisiones como la tomada (y no enmendada) de sustraer de la dependencia del Banco de España a las Cajas de Ahorro el 2 dde agosto de 1985, por la Ley 31/1985 de Felipe González. Desde aquél momento, las Cajas pasaron a depender de las comunidades autónomas y de los partidos políticos que las gobiernan. El resultado ha sido el conocido, sin que los responsables políticos hayan rendido cuentas del desastre hasta el momento.
El largo camino que nace en 1977, tiene dos hitos fundamentales desde los importantes momentos que supusieron los Estatutos de autonomía de Cataluña y Pais Vasco en 1979: uno es en 1985 cuando se integra España en la Union Europea, y el otro, -en ese mismo año- el que rompía mediante leyes el modelo industrial productivo y lo enfocaba a las nuevas economías territoriales basadas en la construcción, mediante la explotación sin límite del suelo urbano.
Dos leyes: Una, la Ley 2/1985 de 30 de abril que suprimió la regulación del mercado de alquileres de viviendas y dejó el suelo a merced de las comunidades autónomas, despojando al Estado central de cualquier control regulatorio. Otra, la Ley 31/1985, que entregaba las Cajas de Ahorro a las CCAA, dotaba a éstas de instrumentos de control sobre un mundo financiero nacido para el ahorro y ayuda a las personas y pequeños negocios y que, desde ese momento, pasaba a ser foco de poder para partidos políticos.
El fruto de esas leyes, que despojaban al Estado de Soberanía sobre la Economía real, produjo un vuelco nefasto en la economía española: Si, en 1992, el crédito con garantía real era para la Industria y Servicios del 67, 3 %, en 2010 habia pasado a ser del 37,9 %. Mientras que el destinado a la vivienda y construcción había pasado del 32,7 % al 62,1 %. La inversión se había producido. Cuando estalló la burbuja, el tsunami atrapó a todos: bancos, cajas de ahorro, comunidades autonómas, y, en medio y pagando la factura de todos: el español de a pié.
El resultado es desolador. España avanza hacia la esterilidad productiva y desempleo en masa. La población hacia niveles de empobrecimiento, desigualdad económica y deterioro de prestaciones sociales nunca vistos en ningún país industrial avanzado del entorno europeo.
El escenario español recuerda, cada vez más, al desmoronamiento de las antiguas repúblicas soviéticas.
No cabe llorar por lo que se derrumba.
España en su forma de Estado Autonómico representa la antítesis de un equilibrio constitucional, es el puro desequilibrio sistémico. Las 17 taifas empujan a ese desequilibrio al que sirven los partidos políticos que disfrutan de las prebendas del poder territorial. Partidos que entre pactos mutuos adquieren un protagonismo excesivo donde el ciudadano queda eclipsado.
Entre 1998 y 2001 (bajo gobiernos del PP de Aznar) el peso de las economías autonomicas en el sistema productivo nacional pasó a ser mayoritario, iniciándose la pendiente de la recesión estructural bajo el engañoso índice de un PIB explosivo en plena burbuja inmobiliaria.
Desarbolados todos los controles judiciales e institucionales para atajar la corrupción ésta campa como jinetes del apocalipsis. Ni el Consejo de Estado (trufado de miembros de la clase política), ni el Congreso (donde las comisiones de investigación no pueden fructificar), ni la acusación popular (cercenada tras la doctrina sentada por el caso Botín), ni las ILP, pueden abanderar regeneración alguna.
La alternativa, por tanto, está ahí fuera. En un nuevo período constituyente. La Soberanía ha de volver a la Nación.
En el habitual discurso hipereconomicista pocos son los que consideran que haya otras causas del declive español como Nación, que las estrictamente derivadas de flujos de ingresos, gastos, tipos de interés y transacciones. Lo cierto es que España se encuentra encorsetada por la convergencia de tres fuerzas, aparentemente opuestas pero que caminan por el mismo sendero: la “España como nación de naciones” del PSOE y el resto de izquierdas; el romanticismo decimonónico de los nacionalistas y el reflejo de una derecha liberal con enorme poder caciquil y territorial. Sin que ninguno de ellos renuncie a su objetivo y sin que ninguno de los tres pueda hacer nada sin la interdependencia del resto.
Los niveles de deuda alcanzados por el Estado español y sus diecisiete comunidades autónomas someterán a una generación entera a su liquidación.
Las causas, no obstante, de esa deuda y de la pobreza en la que mas de seis millones de desempleados y nueve millones de pobres sufren a diario, no yacen en las personas, sino en políticas que llevaron los niveles de competitividad a zonas de depresión; a que, desde 1979, el crecimiento industrial se estancara; a que la productividad esté anulada con un 25 % de la población sin trabajo activo y que, de ello, el 50 % pertenezca al sector juvenil que no encuentra salida alguna a sus proyectos profesionales y, por ende, familiares.
Poder establecer las bases un renacimiento económico español requeriría de un nuevo Plan de Estabilización –que recordaría al que se tomó en los años 50-, pero ello, ahora mismo, es imposible porque las materias propias de las políticas macroeconómicas y fiscales están transferidas en su mayor parte a la competencia de las comunidades autónomas, lo que imposibilita constitucionalmente que un Presidente del Gobierno (del signo que sea) pueda acometer ese Plan.
Estamos, por tanto, ante un nudo gordiano tejido por los padres constitucionales que ha tenido perversos efectos sobre el bienestar de los españoles.
El renacer de los nacionalismos en Europa en su vertiente regional viene, curiosamente, a reforzar el poder de la globalización económica que uniformiza mercados, pueblos y culturas.
Como dice Vidal Díez Tascon, “La experiencia de doscientos años de economía industrial de mercado demuestra que sin el contrapeso de un Estado democrático unitario o federal fuerte, la codicia de la nueva economía financiera y la avaricia de ese capital son insaciables. Lo que, en simbiosis con esos nacionalismos, se vuelve amenazante”.
Sólo la esperanza de retorno a un Estado-Nación y a una economía industrial de mercado, bajo un nuevo orden regulatorio y dirigidos por los sectores mas conscientes de la ciudadanía, devolvería el bienestar y la Justicia social.
El escenario actual de España transmite una sensación de derrumbe, de economía subvencionada y de escasa producitividad y gran corrupción institucionalizada. Una deuda creciente que, en 2004 era de 337.000 millones de euros y, que en 2009, alcanzaba los 952.000 millones según el Banco de España.
Deuda que no es de los ciudadanos. Deuda que es de las instituciones creadas por las 17 taifas insertadas en el cuerpo de la Nacion española.
Deuda que nace de decisiones como la tomada (y no enmendada) de sustraer de la dependencia del Banco de España a las Cajas de Ahorro el 2 dde agosto de 1985, por la Ley 31/1985 de Felipe González. Desde aquél momento, las Cajas pasaron a depender de las comunidades autónomas y de los partidos políticos que las gobiernan. El resultado ha sido el conocido, sin que los responsables políticos hayan rendido cuentas del desastre hasta el momento.
El largo camino que nace en 1977, tiene dos hitos fundamentales desde los importantes momentos que supusieron los Estatutos de autonomía de Cataluña y Pais Vasco en 1979: uno es en 1985 cuando se integra España en la Union Europea, y el otro, -en ese mismo año- el que rompía mediante leyes el modelo industrial productivo y lo enfocaba a las nuevas economías territoriales basadas en la construcción, mediante la explotación sin límite del suelo urbano.
Dos leyes: Una, la Ley 2/1985 de 30 de abril que suprimió la regulación del mercado de alquileres de viviendas y dejó el suelo a merced de las comunidades autónomas, despojando al Estado central de cualquier control regulatorio. Otra, la Ley 31/1985, que entregaba las Cajas de Ahorro a las CCAA, dotaba a éstas de instrumentos de control sobre un mundo financiero nacido para el ahorro y ayuda a las personas y pequeños negocios y que, desde ese momento, pasaba a ser foco de poder para partidos políticos.
El fruto de esas leyes, que despojaban al Estado de Soberanía sobre la Economía real, produjo un vuelco nefasto en la economía española: Si, en 1992, el crédito con garantía real era para la Industria y Servicios del 67, 3 %, en 2010 habia pasado a ser del 37,9 %. Mientras que el destinado a la vivienda y construcción había pasado del 32,7 % al 62,1 %. La inversión se había producido. Cuando estalló la burbuja, el tsunami atrapó a todos: bancos, cajas de ahorro, comunidades autonómas, y, en medio y pagando la factura de todos: el español de a pié.
El resultado es desolador. España avanza hacia la esterilidad productiva y desempleo en masa. La población hacia niveles de empobrecimiento, desigualdad económica y deterioro de prestaciones sociales nunca vistos en ningún país industrial avanzado del entorno europeo.
El escenario español recuerda, cada vez más, al desmoronamiento de las antiguas repúblicas soviéticas.
No cabe llorar por lo que se derrumba.
España en su forma de Estado Autonómico representa la antítesis de un equilibrio constitucional, es el puro desequilibrio sistémico. Las 17 taifas empujan a ese desequilibrio al que sirven los partidos políticos que disfrutan de las prebendas del poder territorial. Partidos que entre pactos mutuos adquieren un protagonismo excesivo donde el ciudadano queda eclipsado.
Entre 1998 y 2001 (bajo gobiernos del PP de Aznar) el peso de las economías autonomicas en el sistema productivo nacional pasó a ser mayoritario, iniciándose la pendiente de la recesión estructural bajo el engañoso índice de un PIB explosivo en plena burbuja inmobiliaria.
Desarbolados todos los controles judiciales e institucionales para atajar la corrupción ésta campa como jinetes del apocalipsis. Ni el Consejo de Estado (trufado de miembros de la clase política), ni el Congreso (donde las comisiones de investigación no pueden fructificar), ni la acusación popular (cercenada tras la doctrina sentada por el caso Botín), ni las ILP, pueden abanderar regeneración alguna.
La alternativa, por tanto, está ahí fuera. En un nuevo período constituyente. La Soberanía ha de volver a la Nación.
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